El delegado de Andalucía Occidental de la Confederación Española de Policía (CEP), Fernando Ramón Calderón, se preguntó qué Policía Autonómica quiere la Junta de Andalucía, «si únicamente la quiere como imagen o persigue un modelo parecido al que hay en Cataluña o el País Vasco».
Este debate se abre, según Calderón, por las deficiencias de medios con las que cuentan los agentes de este cuerpo, quien acusó a la Administración autonómica, y concretamente a Política Interior, de realizar filtraciones intencionadas «para calmarnos».
«Ojalá la plantilla tenga a los más de 700 policías que dicen que va a tener ya que, a día de hoy, únicamente hay 560», explicó, para añadir que éstos cuentan con «un material obsoleto».
El representante sindical aseguró que están expectantes de la reunión que van a mantener todos los sindicatos policiales con los miembros de la Administración autonómica para tratar estas cuestiones.
Una ley en el cajón
Tanto el Estatuto de Autonomía de 1982 como el nuevo texto estatutario recoge la posibilidad de que Andalucía cuente con un cuerpo de policía autonómica como el que poseen comunidades como el País Vasco o Cataluña, pero el ex presidente Manuel Chaves nunca fue partidario de asumir completamente esta competencia, que sólo está transferida de manera simbólica. De hecho, Andalucía cuenta únicamente con el denominado cuerpo de policía adscrita a la Junta, pero dependiente del Gobierno central.
En octubre de 2003, siendo consejero de Gobernación Alfonso Perales, el Gobierno andaluz llegó a aprobar el proyecto de Ley de Creación de la Policía Autonómica Andaluza, que tenía previsto contar con una plantilla estimada de 5.000 agentes en un plazo de diez años, pero esta Ley nunca llegó al Parlamento ni, en consecuencia, vio la luz.
http://www.abcdesevilla.es/20100110/nacional-andalucia-actualidad/instan-gobierno-andaluz-aclare-201001092340.html
Este debate se abre, según Calderón, por las deficiencias de medios con las que cuentan los agentes de este cuerpo, quien acusó a la Administración autonómica, y concretamente a Política Interior, de realizar filtraciones intencionadas «para calmarnos».
«Ojalá la plantilla tenga a los más de 700 policías que dicen que va a tener ya que, a día de hoy, únicamente hay 560», explicó, para añadir que éstos cuentan con «un material obsoleto».
El representante sindical aseguró que están expectantes de la reunión que van a mantener todos los sindicatos policiales con los miembros de la Administración autonómica para tratar estas cuestiones.
Una ley en el cajón
Tanto el Estatuto de Autonomía de 1982 como el nuevo texto estatutario recoge la posibilidad de que Andalucía cuente con un cuerpo de policía autonómica como el que poseen comunidades como el País Vasco o Cataluña, pero el ex presidente Manuel Chaves nunca fue partidario de asumir completamente esta competencia, que sólo está transferida de manera simbólica. De hecho, Andalucía cuenta únicamente con el denominado cuerpo de policía adscrita a la Junta, pero dependiente del Gobierno central.
En octubre de 2003, siendo consejero de Gobernación Alfonso Perales, el Gobierno andaluz llegó a aprobar el proyecto de Ley de Creación de la Policía Autonómica Andaluza, que tenía previsto contar con una plantilla estimada de 5.000 agentes en un plazo de diez años, pero esta Ley nunca llegó al Parlamento ni, en consecuencia, vio la luz.
http://www.abcdesevilla.es/20100110/nacional-andalucia-actualidad/instan-gobierno-andaluz-aclare-201001092340.html
DENUNCIA CEP ANDALUCIA OCCIDENTAL Y CEP ANDALUCIA ORIENTAL:
Cuando el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, hace público hace unos días los planes de ETA de llevar a cabo un secuestro mediático y se eleva la alerta terrorista en todo el país, la Junta de Andalucía retira el servicio de escoltas de la Policía Autonómica a varios de sus altos cargos en la mayoría de las provincias de la región.
Esta es la grave denuncia que ha realizado la Confederación Española de Policía (CEP) cuyos representantes han asegurado que el recorte en las medidas de seguridad se deben al recorte presupuestario que se está llevando en el citado cuerpo policial y que, por ejemplo, tiene paralizada la construcción de varias de sus nuevas sedes.
Según explicó el delegado en Andalucía Oriental de este sindicato policial, Juan Carlos Gil, «hace meses había rumores de que los agentes autonómicos que prestan servicio de escoltas a VIP's de la Administración andaluza iban a dejar de hacerlo, pero la cosa se calmó. Las informaciones que apuntaban a esta posibilidad se intensificaron hace pocas semanas y fue a principios de año cuando acabaron haciéndose realidad».
Gil manifestó que las primeras noticias llegaron desde Málaga, donde al escolta de un alto cargo del Gobierno andaluz le comunicaron que desde el 1 de enero dejaba de realizar esta función y se reincorporaba al servicio normal. El siguiente turno le tocó a Córdoba y el proceso fue el mismo, aunque en esta ocasión la comunicación se realizó por escrito. El escolta de otro cargo autonómico, homólogo del de Málaga, dejó de realizar este trabajo esta misma semana después de que su superior recibiese un documento oficial en el que se le instaba a ello.
¿Problemas políticos?
El delegado de la CEP en Andalucía Occidental, Fernando Ramón Calderón, aseguró que esta situación se viene produciendo en Cádiz desde hace tiempo, concretamente «desde que Luis Pizarro es consejero de Gobernación, por lo que no sabemos si la causa son problemas económicos o políticos».
Juan Carlos Gil explicó que estos recortes en seguridad personal, que aseguró se irán extendiendo de forma escalonada al resto de provincias, «se deben a la crisis y a la reducción de las partidas económicas destinadas a estos efectos».
La Confederación de Policía asegura que esta situación se produce desde que Pizarro es consejero de Gobernación
No obstante, recordó que los agentes autonómicos que hacen de escoltas «únicamente reciben un complemento por la disponibilidad que representa adaptarse a la agenda de un político»; mientras que Calderón declaró que el problema es la mala gestión que realizan del dinero «unos gestores intermedios».
«Han ido recortando de la base de la pirámide hasta el punto de que los policías tienen que comunicarse por móviles porque no tienen un sistema propio», señaló.
«Es prioritario que se activen las escoltas porque se ha quebrantado la seguridad», manifestaron ambos representantes sindicales, quienes incidieron en la incongruencia de la medida del Gobierno autonómico «cuando el ministro de Interior comparece públicamente para alertar de que ETA está preparando un gran golpe que podría incluir el secuestro de un político».
Los representantes de la CEP precisaron que las labores de contravigilancia de los políticos que se han quedado sin escoltas «continuarán» y señalaron que tienen constancia de que «se va a reforzar la seguridad de los edificios oficiales de la Junta, como las delegaciones provinciales de las consejerías», aunque manifestaron que la retirada de la vigilancia personal es un grave error que debe ser subsanado cuanto antes.
Seguridad de los consejeros
Afirman que se ha consolidado la seguridad de los consejeros en detrimento de otros altos cargos
«No se puede poner las cosas fáciles a los etarras en un momento así. Está en grave riesgo la integridad de los cargos públicos andaluces», alertaron los representantes sindicales, que añadieron que «se ha querido asegurar la seguridad de los consejeros en detrimento de otros altos cargos provinciales».
Fernando Ramón Calderón concluyó declarando que estos hechos, unidos a las deficiencias que viene padeciendo la Policía autonómica, les está llevando a plantear, «por primera vez desde que en 1993 se creó este cuerpo adscrito», dos concentraciones simbólicas para denunciar estas situaciones.
Esta es la grave denuncia que ha realizado la Confederación Española de Policía (CEP) cuyos representantes han asegurado que el recorte en las medidas de seguridad se deben al recorte presupuestario que se está llevando en el citado cuerpo policial y que, por ejemplo, tiene paralizada la construcción de varias de sus nuevas sedes.
Según explicó el delegado en Andalucía Oriental de este sindicato policial, Juan Carlos Gil, «hace meses había rumores de que los agentes autonómicos que prestan servicio de escoltas a VIP's de la Administración andaluza iban a dejar de hacerlo, pero la cosa se calmó. Las informaciones que apuntaban a esta posibilidad se intensificaron hace pocas semanas y fue a principios de año cuando acabaron haciéndose realidad».
Gil manifestó que las primeras noticias llegaron desde Málaga, donde al escolta de un alto cargo del Gobierno andaluz le comunicaron que desde el 1 de enero dejaba de realizar esta función y se reincorporaba al servicio normal. El siguiente turno le tocó a Córdoba y el proceso fue el mismo, aunque en esta ocasión la comunicación se realizó por escrito. El escolta de otro cargo autonómico, homólogo del de Málaga, dejó de realizar este trabajo esta misma semana después de que su superior recibiese un documento oficial en el que se le instaba a ello.
¿Problemas políticos?
El delegado de la CEP en Andalucía Occidental, Fernando Ramón Calderón, aseguró que esta situación se viene produciendo en Cádiz desde hace tiempo, concretamente «desde que Luis Pizarro es consejero de Gobernación, por lo que no sabemos si la causa son problemas económicos o políticos».
Juan Carlos Gil explicó que estos recortes en seguridad personal, que aseguró se irán extendiendo de forma escalonada al resto de provincias, «se deben a la crisis y a la reducción de las partidas económicas destinadas a estos efectos».
La Confederación de Policía asegura que esta situación se produce desde que Pizarro es consejero de Gobernación
No obstante, recordó que los agentes autonómicos que hacen de escoltas «únicamente reciben un complemento por la disponibilidad que representa adaptarse a la agenda de un político»; mientras que Calderón declaró que el problema es la mala gestión que realizan del dinero «unos gestores intermedios».
«Han ido recortando de la base de la pirámide hasta el punto de que los policías tienen que comunicarse por móviles porque no tienen un sistema propio», señaló.
«Es prioritario que se activen las escoltas porque se ha quebrantado la seguridad», manifestaron ambos representantes sindicales, quienes incidieron en la incongruencia de la medida del Gobierno autonómico «cuando el ministro de Interior comparece públicamente para alertar de que ETA está preparando un gran golpe que podría incluir el secuestro de un político».
Los representantes de la CEP precisaron que las labores de contravigilancia de los políticos que se han quedado sin escoltas «continuarán» y señalaron que tienen constancia de que «se va a reforzar la seguridad de los edificios oficiales de la Junta, como las delegaciones provinciales de las consejerías», aunque manifestaron que la retirada de la vigilancia personal es un grave error que debe ser subsanado cuanto antes.
Seguridad de los consejeros
Afirman que se ha consolidado la seguridad de los consejeros en detrimento de otros altos cargos
«No se puede poner las cosas fáciles a los etarras en un momento así. Está en grave riesgo la integridad de los cargos públicos andaluces», alertaron los representantes sindicales, que añadieron que «se ha querido asegurar la seguridad de los consejeros en detrimento de otros altos cargos provinciales».
Fernando Ramón Calderón concluyó declarando que estos hechos, unidos a las deficiencias que viene padeciendo la Policía autonómica, les está llevando a plantear, «por primera vez desde que en 1993 se creó este cuerpo adscrito», dos concentraciones simbólicas para denunciar estas situaciones.
http://www.abcdesevilla.es/20100110/nacional-andalucia-actualidad/denuncian-junta-retira-escoltas-201001092337.html
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