En concreto, la denuncia acusa a estos tres dirigentes de haber
responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad "de actuar premeditadamente
para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente
lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como
único causante, instigador de todo". La denuncia se presenta ante el
Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en
el Congreso.
El sindicato policial se basa en las propias
declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en
la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de
IU, Cayo Lara quien denunció que "el normal funcionamiento de los
diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los
manifestantes".
Alberto Garzón: "Excepso policial brutal"
El texto también recoge otras declaraciones de Garzón:
"Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no
atendía a ninguna lógica (...) empezaron a echar a todo el mundo a
empujones de malas formas, hacia el Paseo de la Castellana para que allí
pudiera cargar la Policía.
La CEP entiende que "las gravísimas imputaciones" de Cayo Lara, José Luis Centella
y Alberto Garzón "constituirían uno o varios delitos de calumnias".
Apelan al artículo 504.2 del Código Penal sobre "los que injuriaren o
amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad" por el que serían "castigados con la pena de multa de doce a
dieciocho meses".
A juicio de este sindicato policial, "no
cabe duda que se trata de un comportamiento injurioso y amenazante
contra las fuerzas de seguridad". "No se trata de una opinión, una
hipótesis por parte del diputado, sino la imputación clara, directa e
inequívoca de que los agentes de policía fueron los provocadores de los
hechos", denuncian los policías, al tiempo que consideran que los tres
diputados atribuyeron a los agentes "hechos delictivos con claro
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad".
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