
Mientras esperaban la luz verde, que llegó finalmente con más de quince horas de retraso cerca de las ocho de la tarde (hora española), los agentes fueron trasladados a una instalación militar venezolana sin sus pasaportes y donde tuvieron restringida la libertad de movimientos, según diversas fuentes. La versión de Caracas fue ratificada por la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil a través de un comunicado en el que aseguraban que un «problema técnico» impidió cumplir los horarios.
Sin embargo, la Confederación Española de Policía (CEP) no dio crédito a las explicaciones de Caracas. Su portavoz, Ignacio López, declaró a LA RAZÓN que «no nos creemos en absoluto la justificación oficial» y expresó su preocupación por el tiempo que los agentes pasaron en un país «donde la seguridad jurídica deja mucho que desear». López criticó la «tibia» reacción del Gobierno, aunque no se mostró sorprendido porque «es lo que suele ocurrir cuando tenemos problemas en el extranjero».
Al cierre de esta edición, el avión del Ministerio de Defensa con los 53 policías y los 18 delincuentes a bordo puso finalmente rumbo a España.
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