SEVILLA-
«Impulsaremos actividades formativas entre los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado para capacitarlos en un trato adecuado a colectivos
que puedan sentir rechazo social por su diferencia, como por ejemplo,en
temas de homofobia». Es un punto del acuerdo programático aprobado por
PSOE e IU en su camino hacia un Gobierno de coalición en Andalucía. Una
propuesta que sólo como tal ya ha levantado polvareda.
El Cuerpo Nacional de Policía tiene en Andalucía una Unidad Adscrita que depende de la Consejería de Gobernación, a ella pertenecen alrededor de 500 funcionarios, a quien afectaría en esencia la iniciativa propuesta. El representante de dicha unidad en la comunidad y secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Fernando Ramón Calderón, ha transmitido a LA RAZÓN su «desagradable sorpresa» por la declaración de intenciones. «Es como si nosotros, desde el sindicato, pidiéramos que los políticos superaran pruebas de capacitación formativa o psicotécnicas para gestionar los intereses de los ciudadanos».
Considera que los Cuerpos de Seguridad «ya están capacitados» para tratar a todos los andaluces y saben «que el artículo 14 de la Constitución es muy claro». «Por eso –añade– no podemos tolerar que se dé pie a pensar que cometemos irregularidades con personas que puedan sentir rechazo como los homosexuales o que podamos tener algún tipo de menosprecio hacia ellos». Se pregunta si el PSOE o IULV-CA «tienen pruebas de que esto sea así» y recuerda que en la propia Unidad Adscrita «también puede haber agentes de distinta orientación sexual». Calderón insta al futuro Ejecutivo regional a que «emplee el dinero del erario público en otras cosas realmente necesarias como vehículos para poder realizar nuestro trabajo o aumentar las plantillas».
En ese sentido, denuncia que la Junta «ha cortado, sin comunicar nada previamente, todas las partidas presupuestarias para los servicios de contravigilancia» y augura «más recortes». Hace una petición final: «Puestos a innovar, ¿por qué los políticos no crean un órgano vinculante para relacionarse con nosotros y conocer nuestras necesidades?».
El Cuerpo Nacional de Policía tiene en Andalucía una Unidad Adscrita que depende de la Consejería de Gobernación, a ella pertenecen alrededor de 500 funcionarios, a quien afectaría en esencia la iniciativa propuesta. El representante de dicha unidad en la comunidad y secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP), Fernando Ramón Calderón, ha transmitido a LA RAZÓN su «desagradable sorpresa» por la declaración de intenciones. «Es como si nosotros, desde el sindicato, pidiéramos que los políticos superaran pruebas de capacitación formativa o psicotécnicas para gestionar los intereses de los ciudadanos».
Considera que los Cuerpos de Seguridad «ya están capacitados» para tratar a todos los andaluces y saben «que el artículo 14 de la Constitución es muy claro». «Por eso –añade– no podemos tolerar que se dé pie a pensar que cometemos irregularidades con personas que puedan sentir rechazo como los homosexuales o que podamos tener algún tipo de menosprecio hacia ellos». Se pregunta si el PSOE o IULV-CA «tienen pruebas de que esto sea así» y recuerda que en la propia Unidad Adscrita «también puede haber agentes de distinta orientación sexual». Calderón insta al futuro Ejecutivo regional a que «emplee el dinero del erario público en otras cosas realmente necesarias como vehículos para poder realizar nuestro trabajo o aumentar las plantillas».
En ese sentido, denuncia que la Junta «ha cortado, sin comunicar nada previamente, todas las partidas presupuestarias para los servicios de contravigilancia» y augura «más recortes». Hace una petición final: «Puestos a innovar, ¿por qué los políticos no crean un órgano vinculante para relacionarse con nosotros y conocer nuestras necesidades?».
No hay comentarios:
Publicar un comentario